La Subsecretaría de Ambiente de la Nación reconoció ante la justicia que no posee registros, antecedentes técnicos ni intervenciones relacionadas con el dragado del río Paraná en los últimos veinte años. La revelación se produjo en el marco de una causa impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA Ramallo.
En su respuesta oficial a la Cámara Federal de Rosario, el organismo admitió que no participó en Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ni en consultas públicas sobre las obras de dragado, ensanchamiento y cambio de traza del río desde 2011 hasta la actualidad. Este reconocimiento se dio tras un requerimiento de la Sala B de la Cámara, que ordenó al Estado nacional entregar los estudios de impacto ambiental correspondientes a las obras en el tramo frente a Ramallo, provincia de Buenos Aires.
«La respuesta es clara: no hay absolutamente nada», expresaron voceros de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Según ellos, el propio Estado reconoce «la ausencia total de control ambiental estatal sobre uno de los proyectos de infraestructura más significativos del país». Esta es la segunda vez que el ex Ministerio de Ambiente admite no haber actuado en la aplicación de la legislación ambiental en el marco de la llamada «hidrovía».
Desde la entidad de abogados, señalaron que la revelación «desnuda la total inexistencia del área ambiental en todo el contexto político y temporal expuesto en la causa judicial». Subrayaron la gravedad de la situación, ya que el dragado ha avanzado sin evaluaciones actualizadas, sin consulta pública y sin control sobre los efectos ecológicos, sociales y económicos, en un contexto de crisis hídrica y bajantes.
El expediente judicial también incluye como prueba un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que detectó «graves irregularidades» en la licitación nacional prevista para 2025 y que fue pospuesta. Además, puntualizaron que el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado por la gestión anterior y desmantelado por el actual gobierno, había reclamado la intervención de la autoridad ambiental y exigido la realización de los EIA correspondientes.
«Hoy, ese ente de control fue extinguido por decreto, en una decisión que deja al Paraná sin monitoreo, sin regulación efectiva y sin garantías mínimas de legalidad ni protección ambiental», finalizaron los ambientalistas.
