Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la provincia de Entre Ríos registró la pérdida de 12.506 puestos de trabajo formales y el cierre de 1202 empresas entre noviembre/23 y mayo/26. Los datos fueron analizados por la economista y fundadora de la entidad, María Alejandra Fernández Scarano, y el referente provincial Diego Pastre durante una entrevista en el medio regional Remanso TV.
El relevamiento expuso que los sectores más perjudicados en el territorio provincial son la construcción, los comercios mayorista y minorista, y la administración pública. Durante el último mes analizado, la provincia acumuló el cese de actividad de 78 firmas empleadoras. Según explicó Fernández Scarano, los datos surgen de los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y reflejan el saldo neto entre aperturas y cierres de establecimientos.
La economista señaló que el programa económico nacional favorece a sectores como el agro, la energía, la minería y las finanzas, los cuales generan menos del 10% del empleo total. En contraposición, las actividades que sostienen a más de la mitad de la mano de obra del país atraviesan una recesión pronunciada. «La economía crece, pero destruye empleos. Los sectores beneficiarios no generan puestos de trabajo y los que más empleo demandan son los más castigados», afirmó la especialista.
A su vez, los economistas advirtieron sobre el crecimiento de la mora crediticia provocada por la caída del salario real y el aumento de las tarifas de servicios públicos. En Entre Ríos, la cantidad de personas con deudas impagas alcanza a casi 154.000 ciudadanos, con un promedio de 2 millones de pesos por deudor. El informe detalló que el endeudamiento se concentra en la población joven de entre 18 y 35 años a través de billeteras virtuales y préstamos personales tomados para solventar gastos de alimentación y vivienda.
Finalmente, los integrantes del centro de estudios señalaron que la pérdida de puestos laborales registrados derivó en un incremento de la precarización y del monotributo. Esta situación afecta directamente la dinámica económica en las localidades del interior, donde la oferta laboral depende de las pequeñas industrias regionales, las actividades portuarias y el consumo de cercanía.
