Congresales del Partido Justicialista (PJ) del departamento La Paz, junto a dirigentes provinciales, manifestaron su rechazo unánime a cualquier intento de expulsión dentro de la estructura partidaria. La postura unificada se fijó de cara al próximo Congreso Provincial del PJ, programado para este sábado 13 de junio en la ciudad de Paraná.
El intendente de Santa Elena y exvicegobernador de la provincia, Daniel Rossi, encabezó este jueves una reunión con los representantes del departamento para analizar la situación del movimiento en Entre Ríos. En dicho encuentro, los congresales locales resolvieron por unanimidad llevar un mandato estricto al cónclave provincial: defender la unidad del partido y oponerse de manera rotunda a las sanciones propuestas por el Tribunal de Disciplina contra dirigentes históricos.
La reunión de bases sumó la participación de la senadora provincial Patricia Díaz, el dirigente Emilio Castrillón, así como también con concejales y representantes de diversas comunas del norte entrerriano. Entre los congresales que votaron la medida de forma presencial se encontraban Eva Miño, Nancy Chauvet, Ana Quintana, Ariel Caraballo y Nelson Díaz, por la localidad de La Paz; y Rubito Tomé, Sergio Hartmann y Romi Schanton, en representación de Bovril. Asimismo, las autoridades partidarias que no pudieron asistir físicamente se contactaron con Rossi para transmitirle su adhesión formal a lo dispuesto.
En sintonía con el planteo del departamento La Paz, el exintendente de San José y exdiputado provincial Eduardo Jourdan hizo pública una declaración de respaldo hacia la figura de Rossi. El referente entrerriano advirtió que avanzar con una política de «cacería de brujas» y castigos selectivos significará un suicidio político que solo garantizará la cómoda reelección del actual gobernador, Rogelio Frigerio. Jourdan remarcó que la militancia de base de un extremo al otro de la provincia no está de acuerdo con expulsar a dirigentes de peso territorial, menos aún en un contexto donde el justicialismo atraviesa una situación de extrema debilidad política y judicial tras 20 años de gestión (2003-2023).
Frente a este escenario de tensión interna, los sectores disidentes sugirieron formalmente a la conducción provincial del PJ que suspenda los procesos de destitución en curso. En su lugar, instaron a convocar de manera urgente a elecciones internas abiertas en todos los niveles del partido —Unidades Básicas, Consejos Departamentales y el Consejo Provincial— con el objetivo de devolverle el poder de decisión a los afiliados y sanar las divisiones del movimiento antes de quedar fuera de la competencia electoral.
