El Gobierno de Entre Ríos, por instrucciones del gobernador Rogelio Frigerio a la Fiscalía de Estado, promovió dos demandas contra el Estado Nacional por un monto cercano a los 1.000 millones de dólares. Según se informó oficialmente, se trata de una suma sin precedentes en la historia de la provincia, lo que convierte a Entre Ríos en una de las jurisdicciones que más reclama al Estado Nacional.
Ambos juicios se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demandas corresponden, por un lado, a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y, por otro, al reclamo histórico por los incumplimientos del Estado Nacional vinculados a la construcción de la Represa de Salto Grande. Esta semana, la Fiscalía de Estado amplió la demanda y precisó que la suma retroactiva reclamada asciende a 724 millones de dólares.
Demanda contra Anses
El objetivo de la demanda es que la Nación pague las sumas adeudadas por la asistencia financiera a los regímenes previsionales no transferidos, tal como lo establece el Consenso Fiscal de 2017, aprobado por ley nacional y provincial. La deuda, que inicialmente era de más de 154 mil millones de pesos, ya supera los 200 mil millones de pesos al ser actualizada según criterios jurisprudenciales.
Las diferencias reclamadas incluyen, desde 2017, la revisión de la tasa de contribución patronal utilizada para determinar el déficit anual, que en Entre Ríos es del 16%, a diferencia de la tasa reducida que se aplica a las cajas transferidas. Además, desde 2020, se reclaman diferencias entre lo devengado y lo efectivamente transferido, la actualización de los importes según el índice de movilidad del SIPA, el pago en tiempo y forma de las erogaciones, y los intereses correspondientes.
Reclamo por los excedentes de Salto Grande
La segunda demanda busca el cumplimiento del Pacto Intrafederal firmado en 1998, que establece que los excedentes de la explotación de la Represa de Salto Grande, una vez deducidos los gastos de operación y mantenimiento, deben distribuirse entre las provincias afectadas, conformando el Fondo Especial de Salto Grande.
El reclamo se fundamenta en que la Nación modificó unilateralmente ese acuerdo mediante resoluciones de la Secretaría de Energía, lo que redujo el flujo de excedentes destinados a Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Por este motivo, se solicitó a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de las resoluciones que afectan los derechos de Entre Ríos, al regular a la baja el precio de la energía y reducir los excedentes, en perjuicio de las provincias.
Esta semana, el gobernador Rogelio Frigerio y el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, firmaron la ampliación de la demanda, precisando la suma reclamada en 724 millones de dólares.
