El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, participó este martes en la ciudad de Rosario de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Hidrovía, donde propuso una profundidad de 34 pies para el tramo que comprende los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo, zonas donde se ubican los principales puertos entrerrianos.
“La Hidrovía, especialmente en el tramo inferior del Paraná, debe contar con doble acceso y circulación a través del canal Martín García, el Paraná Bravo y el Paraná Guazú hasta la bifurcación, y desde allí continuar”, afirmó Rodríguez Signes, quien también subrayó la necesidad de “una profundidad homogénea en todo el sistema de navegación”.
Durante su exposición, el funcionario indicó que la provincia trabaja en conjunto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral para sortear las limitaciones técnicas del sistema Bravo-Guazú-Talavera. “Somos conscientes de las limitaciones que presenta el sistema (…) y por eso estamos trabajando con especialistas de gran experiencia en la materia”, explicó.
Asimismo, el fiscal de Estado remarcó el interés de la provincia en acompañar el proceso en todas sus fases, incluyendo la evaluación de esquemas de financiamiento. “Estamos analizando cómo la actividad de nuestros puertos contribuye al sostenimiento del sistema”, precisó.
Rodríguez Signes también destacó que los aspectos ambientales serán abordados en coordinación con el resto de las provincias del Litoral. “Todas las provincias (…) han puesto a disposición sus capacidades de coordinación para abordar de manera conjunta estos temas complejos”, dijo, y adelantó que se trabaja en un mecanismo de acuerdos para que las cuestiones ambientales no representen un freno para la licitación.
Visión de las organizaciones ambientales
Distintas organizaciones ambientales de Entre Ríos han manifestado reparos frente al dragado de los ríos en el marco de la Hidrovía. Entre ellas, el Foro Ecologista de Paraná y la Fundación CAUCE – Cultura Ambiental Causa Ecologista, advierten sobre los impactos acumulativos de las obras de profundización y rectificación del cauce.
Según estas entidades, el dragado permanente del río Paraná en zonas sensibles puede provocar alteraciones en los ecosistemas acuáticos, pérdida de biodiversidad, erosión de márgenes e impacto sobre humedales. También sostienen que los estudios de impacto ambiental deben ser previos, exhaustivos y contar con participación ciudadana efectiva.
Además, cuestionan que no siempre se respeta el enfoque de cuenca ni los principios de precaución y equidad intergeneracional consagrados por la legislación ambiental vigente. En este sentido, piden que cualquier intervención en el río se someta a procesos de evaluación ambiental estratégica y consulta pública con enfoque regional.
